Minoridad y delincuencia

Resulta que la baja de la edad de la imputabilidad, es vista por l los defensores del actual código del menor y el adolescente como una aberración social. Pero debemos señalar que atrás de esta negativa se arrastra la pesada carga de la inoperancia y no saber que hacer para defender a minoridad en riesgo, ni para defender también los derechos humanos y la calidad de vida del común de la gente que son la mayoría de la población, sometida hoy a una ola de delitos cuyos ejecutores mas agresivos son los menores de edad, casi el 70 % de los delitos denunciados en la zona metropolitana tiene como actores directos y complementarios a menores de edad. Hace pudimos conocer los detalles de asesinato de un joven trabajador agredido por una patota y rematado por un menor de 12 años.

Las consecuencias de esta inoperancia son trágicas, y en la practica condena de por vida a estos niños y adolescentes a no tener otra expectativa de vida que el delito.

El legislador en casi todas las sociedades modernas ha establecido que el reconocimiento de esta madurez física y cerebral esta alrededor los 18 años de vida del ser humano y así lo establecen casi todas las legislaciones de las democracias modernas.

Hasta ahí todos de acuerdo.

Lo que hoy se discute, no es cuando se alcanza la mayoría de edad, sino cuales son los límites de la inimputabilidad y que hacer con una tercera variante reconocida y aceptada en forma moderna por todos, que es la madurez social.
Si bien la madurez social tiene una relación directa con la madurez biológica, es decir con la madurez física y la madurez cerebral, en las sociedades modernas, aparece como determinante como se logra o se llega a esa madurez social.

Los lóbulos de la corteza pre- frontal, denominada por algunos el “órgano promotor de la civilización” son quienes nos diferencian especialmente de los animales. Son los responsables de nuestra capacidad de regular nuestros pensamientos, emociones y conductas. nos permiten orientarnos a la procura de metas y logros, poner frenos a nuestros actos, medir consecuencias, controlar nuestras relaciones compulsivas, aprender de nuestros errores y tener conciencia de lo positivo y lo negativo.

El consumo de drogas y alcohol afecta sustancialmente las funciones de cerebro así como predispone a esas áreas a acciones, rápidas dirigidas a obtener la droga, y a recuperarse de sus efectos.

El control volitivo, que depende por lo tanto de esa zona cerebral, no es innato, sino todo lo contrario, es aprendido y depende de la integridad física de los lóbulos frontales como de todo el cerebro para que ese aprendizaje pueda realizarse..

Si están afectados por las drogas o/y el medio social y el medio familiar no les enseñan, inducen con el ejemplo, o preparan a controlar sus impulsos, regular sus emociones, o no los capacitan para anticipar las consecuencias de sus actos, nos situaremos, en un ambiente negativo proclive a ser manipulados, por personalidades dominantes, por la influencia que ejercerán sus pares y por la necesidad de buscar su aprobación,( en el complejo sentido de pertenencia a un grupo humano determinado).

La madurez social entonces estará distorsionada y basada en micro culturas de la inmediatez y el delito, que será lo aprobado por el grupo humano al cual pertenecen) La madurez social es pues aprendida y se llegará a ella considerando dos variables: la integridad física del cerebro, que no este deteriorado por el uso abusivo de drogas y alcohol, y por una formación adecuada del ámbito social y familiar.

Es imposible pensar que inmerso en la micro cultura del delito y pobreza, sin contención familiar, nadie pueda transformarse en un ciudadano que respete y acepte las normas éticas, morales y legales predominantes en la sociedad.

Nuestro Estado, aparece frente a la gente con una postura hipócrita y fantasiosa, donde no se quiere reconocer las condiciones de delincuentes de esos menores, ni se quiere intervenir en forma compulsiva para intentar reinsertarlos a la sociedad.

¿No es un postura hipócrita esperar que cumplan 18 años?, para que cuando reincidan en el delito, ahora si con la conciencia tranquila porque han llegado a la mayoría de edad, se les puede tratar como mayores y el Estado y la sociedad, se puedan deshacer tranquilamente de ellos tirándolos en estos depósitos inhumanos de hacinamiento que son nuestras cárceles.

Eso si, entraran el juzgado para mayores con la foja limpia porque la ley establece que los delitos de los menores no se computan como antecedentes negativos.

¡Los que se desgarran las vestiduras como defensores de los derechos de la minoridad, ahora pueden dormir tranquilos, total ya cumplieron 18 años y según la ley ya no son menores!

¿Es esto una buena solución para los derechos de los menores en riesgo y los derechos de la mayoría de la gente que padece la ola de delitos ejecutados por estos menores? Por supuesto que no.

¿Quien realmente puede sostener que se defienda los derechos de un menor haciendo la plancha y esperando que cumpla los 18 años para encerrarlo en una cárcel de adultos?

Esto es una hipocresía social.

Qué puede esperarse de un menor infractor con múltiples anotaciones, (otro eufemismo para enumerar los antecedentes de un delincuente juvenil) que es entregado por el juez a sus padres. Qué podrán hacer esos padres o en general esa madre, integrantes de hogares uniparentales, que tiene varios hijos de padres distintos, que no ha sido capaz o no ha podido contener a ese hijo, ni evitar que delinca. Qué futuro le espera a ese menor que no sea el de sumergirse en la reiteración del delito.

La Cepal establecen que para romper el ciclo reproductivo de la pobreza y de las micro-culturas del delito, se necesitan un mínimo de 8 a 9 años de educación continua, a tiempo completo, retirándolos de las calles y alejándolos de la droga, internándolos en institutitos especializados, para que esos niños y adolescentes tengan alguna oportunidad de reinsertarse a la sociedad.

El estado debe cambiar la legislación, modificándola adecuadamente, y crear institutos especializados, no las cárceles para los mayores, para tratar estos niños y jóvenes delincuentes, para que puedan ser alejados de los grupos humanos que los forman negativamente, de manera tal que puedan romper el circulo reproductivo de la delincuencia y de la pobreza; y al final del proceso, puedan contar con una formación integral adecuada, con oficios o especialidades, e incluso carreras terciarias cortas, que les proporcione una preparación suficiente para entrar en el mercado de trabajo con posibilidades de éxito y abran el camino a seguir estudiando a aquellos que tengan vocación para ello.

Si no hacemos esto, la escuela del delito será en su infancia y adolescencia la calle, y la cárcel luego, la universidad donde se gradúen de delincuentes comunes. Esto es lo que pasa hoy.

Invirtiendo en la educación de estos jóvenes, y retirándolos de las calles, lograremos mejorar la calidad de vida de todos, la de los menores infractores y la de la sociedad que tendrá menos delincuentes juveniles circulando por las ciudades y centros urbanos.

Educación, complemento necesario para luchar contra la delincuencia juvenil.

Hay que generalizar las escuelas de tiempo completo que se iniciaron en el gobierno de Lacalle, doblando la apuesta y creando también liceos de tiempo completo, para las zonas de mayor riesgo social primero y en lo posible generalizar el sistema de educación de tiempo completo para toda la enseñanza pública.

En el mundo ya no se usa más la enseñanza de medio tiempo.

Y la enseñanza privada en nuestro País y en general la de todo el mundo desarrollado, es de tiempo completo, o de doble turno.

Pero volvamos a las zonas carenciados. Ahí es fundamental ir a la enseñanza de tiempo completo, incluyendo para los educandos, la alimentación, la educación física, actividades lúdicas. Todo orientado a desarrollar un sentido de pertenencia hacia los institutos en los que cursan sus estudios, para que los defiendan en vez de agredirlos como se estila ahora, y que los sientan como el hogar que en su mayoría carecen.
Hoy, nuestra enseñanza no genera ningún sentido de pertenencia ni liga a los jóvenes a ningún orden trascendente. Eso es un error y a la vez un problema que tiene a disgregar y fracturar la sociedad.

La abolición de todo sentido de pertenencia, equivale a la minimización del sentido de un orden trascendente de los valores fundamentales en la vida, despertando el sentimiento de incertidumbre y una necesidad enfermiza de dependencia, que tienden a ligar al joven a cualquier serie de fuerzas empíricas, y o a mitos sectarios o seculares con una fe absoluta, y constituye el ingrediente psicológico esencial en los totalitarismo tanto religiosos como políticos. El sentido de pertenencia (que nada tiene que ver con la adhesión incondicional) es esencial para el desarrollo del equilibrio interior del ser humano.